La Justicia no se pone de acuerdo con la mediación

La Cámara Penal CyF de la Ciudad negó la posibilidad de abrir una instancia de mediación y así permitir a las partes resolver alternativamente el litigio porque el pedido fue realizado luego de que el fiscal elevara la causa a juicio. La mayoría del Cámara indicó que hacer lugar fuera de los plazos "atentaría contra los principio de preclusión y progresividad del proceso".  La disidencia sostuvo, por su parte, que “no existe prohibición legal para que, incluso durante el debate, se recurra a las vías alternativas legalmente estipuladas”.

En un fallo que se apega a la literalidad de la normativa procesal penal local, la Sala II de la Cámara de Apelaciones en lo Penal, Contravencional y de Faltas de la Ciudad de Buenos Aires puso freno a la resolución alternativa de conflictos y le negó a un imputado iniciar una instancia de mediación con el damnificado ya que el pedido fue efectuado cuando el fiscal de la causa ya había requerido la elevación a juicio.
 

En mayoría, los jueces Marcela De Langhe y Fernando Bosch sostuvieron que “por aplicación de los principios de preclusión y progresividad, pilares que informan la seguridad jurídica en el marco de un caso judicial, no resultaría posible celebrar válidamente actos jurídicos fuera de los plazos y las oportunidades que establecen los regímenes pertinentes, ya que ello no sólo quebraría la lógica del procedimiento, sino también alteraría las reglas de juego que afectan por igual a todas las partes, generando desigualdades contrarias a las garantías del debido proceso”.
 

De esta manera, los camaristas colocaron por sobre la posibilidad de resolver alternativamente el conflicto la literalidad del artículo 204 del código procesal porteño, que dispone que “en cualquier momento de la investigación preparatoria el/la Fiscal podrá: […] b) Proponer al/la imputado/a y/o al/la ofendido/a otras alternativas para la solución de conflictos (...) invitándolos a recurrir a una instancia oficial de mediación o composición”.
 

“Esa descripción evidencia que la propuesta para intentar la solución de conflictos por tales vías alternativas puede formularse únicamente durante la etapa de investigación preparatoria, y ella se concluye una vez que la fiscalía entiende que se encuentra agotada la pesquisa, con la presentación del formal requerimiento de elevación a juicio del proceso, por lo que la posibilidad de requerir la fijación de una audiencia de mediación, precluyó”, afirmó el voto de la mayoría.
 

La decisión no fue compartida por el juez Sergio Delgado, quien entendió que lo resuelto por la mayoría es “una interpretación restrictiva respecto de la oportunidad en que puede solicitarse la instancia de mediación”, ya que “no existe prohibición legal para que, incluso durante el debate, se recurra a las vías alternativas legalmente estipuladas”.
 

Así, trajo a colación lo dispuesto en el artículo 91 del código procesal local, que “impone que no se avance a etapas procesales ulteriores en aquellos casos que puedan solucionarse por medios alternativos al juicio penal”.
 

Sin embargo, los camaristas que votaron por rechazar el planteo efectuado por la defensa no tuvieron ello en consideración y refirieron que el vicio que implicaría apartarse de lo previsto por el artículo 204 del código procesal “no podría soslayarse con argumentos que tiendan en términos generales a sostener que la solución puede dejar mejor satisfecha a las partes, o que es una forma de evitar una sanción penal”.

 

Fuente: Diario Judicial

Mis honorarios no prescriben

La Cámara Civil de Mendoza revocó un fallo que había hecho lugar a una excepción de prescripción sobre la ejecución de honorarios que no habían sido regulados en la sentencia de primera instancia. “Durante todo el proceso desaparece la presunción legal de abandono del derecho, hasta que se declarare la caducidad de la instancia, siendo irrelevante a tal fin que las actuaciones hayan estado detenidas durante un tiempo suficiente para que hubiera podido operarse la prescripción”, indicó el fallo.

El fallo pertenece a los autos  “Canizo, Gustavo Luis c/ Y.P.F. S.A.  p/ Ejecución de Resol. Jud. (Honorarios)" y llegó a conocimiento de la Cuarta Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Minas, de Paz y Tributario de Mendoza, luego de un recurso de apelación contra la sentencia que consideró que los honorarios del letrado de la actora estaban prescriptos al momento de iniciar la ejecución de los mismos.

La sentencia de primera instancia, en lo principal, se ordenó a YPF a la transferencia de unas grúas a nombre de la actora, “bajo apercibimiento de resolver la condena en el pago de daños y perjuicios; que la suma a reintegrar en caso de incumplimiento estará constituida por el valor de las grúas al momento del reintegro en lo referente a la regulación de honorarios de los letrados”.

En cuanto a la regulación de honorarios, el juez de grado dilató ese punto “hasta tanto obraran elementos que permitieran su determinación, teniendo en cuenta la acumulación de pretensiones”.

El último acto útil del expediente de primera instancia databa de fecha 14/03/2007, los honorarios se regularon el 9/4/2010 y la ejecución de honorarios se inició el 10/12/2010, por ello la demandada, al momento de ser requerida del pago del importe adeudado, opuso excepción de prescripción. El argumento esgrimido para su procedencia fue que “el trámite regulatorio no constituye una instancia autónoma que importa la apertura de una instancia accesoria susceptible de caducar.

Al momento de contestar el traslado de la excepción conferida, la actora argumentó que el trámite abierto constituía “una verdadera instancia con caracteres de contradicción y por tanto, resultaba susceptible de caducar y que la presentación del trámite regulatorio impide la prescripción mientras dure el mismo".

El fallo de primera instancia consideró que los honorarios estaban prescriptos y rechazó su ejecución, para resolver así el juez entendió que el plazo de prescripción para la ejecución de honorarios era de 2 años, computados desde que exista “una base cierta a fin de determinar el monto de dichos honorarios”, plazo que había transcurrido.

Los jueces Claudio Leiva, Mirta Sar Sar y María Silvina Ábalos estimaron que el recurso de apelación interpuesto debía ser admitido.

En primer término, señalaron que en materia de prescripción de honorarios, “debe distinguirse entre el derecho a cobrarlos, cuando ya han sido regulados, y el derecho a que se regulen, ya que, mientras en el primer supuesto se aplica la prescripción decenal, en el segundo rige la bienal”.

En segundo término, los magistrados citaron lo dispuesto en el fallo “Priore” por la Suprema Corte de Justicia de Mendoza, que en lo relativo al inicio del cómputo de la prescripción para la ejecución de honorarios, dispuso que  “mientras no hay sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada, el abogado o procurador (esté o no en el pleito) no tiene acción contra la contraparte porque la acción de cobro recién nace cuando existe tal condena firme”.

Una vez resuelto ello, el Tribunal entendió que en el caso “la interposición del incidente por estimación de honorarios dentro de los dos meses de quedar firme la sentencia que difiere la regulación, interrumpe el plazo para pedir la misma porque equivale a una verdadera demanda”. Por ello, resulta aplicable el art. 3987 del Código Civil.

La Alzada se inclinó por la postura doctrinaria mayoritaria, en lo referente al momento en el cual se debe empezar a contar de nuevo el cómputo de la prescripción, en tal sentido, los jueces afirmaron “no existiendo desistimiento de la demanda por parte del actor, o declaración de la caducidad de la instancia, el efecto interruptivo de la demanda se prolonga todo el tiempo que dura el proceso y aún cuando las actuaciones han estado paralizadas durante el tiempo suficiente para que hubiera podido operarse la prescripción”.

En la sentencia se señaló que en el caso en cuestión no había operado el plazo de prescripción, por lo que la excepción que interpuso la demandada resultó improcedente, por que “los términos de la parte resolutiva de la sentencia de los autos principales condicionaban la regulación a que se cumpliera el contrato, o éste se resolviera en el pago de los daños y perjuicios”.

Por tales motivos, la Cámara resolvió admitir el recurso de apelación interpuesto, y en consecuencia, revocó la sentencia de primera instancia.

Fuente: Diario Judicial

I can't get no

La Cámara Civil rechazó la pretensión de un chico representado por sus padres de ser resarcido por el accidente que sufrió en el recital de los Rolling Stones en 2006, al caer baranda de las plateas hacia el campo. No se comprobó que el hecho haya sucedido y ni el club ni el empresario Daniel Grinbank tuvieron que responder por lo ocurrido.

Los recitales provocan una gran euforia. Sobre todo si se trata de eventos de bandas como los Rolling Stones, referencia ineludible para hablar de rock en todas sus variantes. Cuando llegaron a Argentina en 2006, tras muchos años sin aparecer por nuestro país, hubo grandes incidentes en las calles cercanas al estadio Monumental, donde tocaron.

Pero también hubo problemas adentro que derivaron en la Justicia, como el de los autos “Rocha, Juan Leonardo y otros c/Club Atlético River Plate y otro s/Daños y Perjuicios”. En el caso, los integrantes de la Sala G de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, compuesta por Beatriz Areán, Carlos Bellucci y Carlos Carranza Casares, entendieron que no existió responsabilidad ni de los organizadores ni del Club demandados.

Esto es en razón de las evidencias: la denuncia especificaba que el entonces menor estaba colgado de una de las barandas de las plateas, dado que ocupaba la primera fila, y que mientras estaba allí un grupo de empleados de seguridad pasaron por allí y lo empujaron, por lo que cayó al sector del campo sufriendo graves heridas.

Por su parte, desde la empresa demandada respondieron que “la entrada presentada no le daba derecho al menor a ingresar al sector de plateas, sino, a todo evento, al campo; que no tiene registro de atención médica en los puestos sanitarios que había al efecto, y que sólo se enteró por otros espectadores e invitados que un menor de 20 años que estaba en la platea Belgrano, con cierto grado de excitación, se tiró al campo de juego y, socorrido por otros espectadores, se fue luego por sus propios medios”.

El Club, por su parte, se deslindó de la responsabilidad y citó al organizador del evento, Daniel Grinbank, y en garantía a su aseguradora. Desde la empresa de seguros afirmaron que existía una cobertura en la fecha aludida para el caso, pero que el accidente fue producido por la negligencia del menor.

Con una sentencia de primera instancia a favor de los demandados, la parte actora se quejó precisando que las premisas contenidas por el artículo 1.113 del Código Civil hacen que los accionados deban responder por el accidente que sufrió el chico.

En su voto, el juez Bellucci consignó que “dada la entidad de las “cuitas” espetadas por la parte actora, debo recordarle que quien afirma un hecho debe probarlo para que luego, pueda jugar la presunción legal a que aludió en su soflama revisor.- En otras palabras más simples, cabe la carga del “factum” a quien en él se escuda, para que una vez ello demostrado, pueda entonces aplicarse la normativa aludida”.

“En ese derrotero, no puede admitirse que el organizador del espectáculo, en su responde, reconociera el hecho fundamento de la pretensión, tal como bate parches la apelante, desde que luego de una pormenorizada negativa, sólo y en el mejor de los supuestos para ella, a fojas 46/47 admite como mera hipótesis que si estaba en el estadio, no podía ubicarse donde dijo que se ubicó, ya que la entrada presentada (que fue desconocida) sólo lo habilitaba para otro lugar en el campo mismo”, explicó el magistrado.

El camarista agregó: “Pero lo que es más destacable es que tal supuesto reconocimiento es calificado en el sentido que de haberle sucedido algo a ese supuesto espectador, tal resultado no ha podido deberse más que a su propia negligente actuación, lo que es cosa bien diferente a lo sostenido como agravio vertebral”.

Al mismo tiempo, el vocal de la Sala destacó que “se admitió haber tomado conocimiento indirecto acerca de la actitud cuasi suicida de un joven de 20 años que se tiró de la platea baja en estado de evidente excitación”.

“En cuanto a los dichos del testigo Nuñez en los que se apoya la disidente, es de destacar que vio al actor caer en cuatro patas, pero que no vio a ninguno de seguridad golpeándolo a él (eso lo dice inmediatamente después de haber afirmado lo contrario); además, no sabe por qué se cayó”, recordó Bellucci.

Por este motivo, el juez entendió que “frente a semejante espectro de contradicciones acertadamente puntualizadas en el fallo que reviso, a lo que sumo las dubitaciones y negativas del testigo único (Nuñez) a las que hice referencia antes, es obvio que ese “factum” apoyo de la pretensión inicial al que referí al comienzo de mi voto, no ha sido acreditado, carga ésta que sin duda pesaba sobre la quejosa, de modo que la presunción de la que se aferra (de “iure”) no concurre en la especie”.

Fuente: Diario Judicial

Ofendió más de la cuenta

La Justicia de Rosario ordenó el cierre de una cuenta anónima de Facebook donde se denunciaron injurias e insultos sobre una supuesta "explotación laboral" en un negocio. “No hay duda que el derecho al honor es uno de los principales bienes espirituales que el hombre siente, valora y sublima colocándolo dentro de sus más preciadas dotes", expresó la sentencia.

El debate sobre el rol de las redes sociales y su relación con la Justicia cada vez es más latente. Ya quedaron atrás los días en que existía cierta reticencia o discusiones acerca de la forma de intervenir en estos conflictos que cada vez se hacen más presentes en el Poder Judicial. Los magistrados toman decisiones que sientan precedentes al respecto, como la de los autos “B. F. y ot. c/Facebook Arg. S.R.L. s/Medida autosatisfactiva”.

En el caso, el Juzgado de Primera Instancia de Distrito en lo Civil y Comercial de Rosario obligó a la web Facebook, la de mayor cantidad de usuarios en todo el mundo, a que cierre un perfil en el que se insultaba e injuriaba profundamente a los dueños de un local comercial que se vieron profundamente afectados por todos los problemas que les suscitó la persona que utilizaba la cuenta.

Los denunciantes afirmaron que “su interés versa y se agota en la resolución autosatisfactiva, ya que la medida solicitada no incluye reclamo alguno de reparación de daños y perjuicios, ni tienen intención de deducir ningún tipo de demanda principal; porque estiman que no asiste responsabilidad alguna de los administradores de la red social en relación al contenido agraviante de la cuenta”.

Afirmaron que el perfil de Facebook fue “creado en forma anónima y que en el mismo se han publicado datos, imágenes y comentarios tendientes a injuriar, ofender, agredir, vulnerar y menoscabar el nombre, el honor, la imagen la intimidad y la integridad de los actores, como así también del comercio que gira bajo la denominación "L.L.", con la finalidad de causarles un grave perjuicio deteriorando la imagen que honestamente se han ganado durante los 30 años que desarrollaron su actividad comercial”.

Los accionantes entendieron que la intención de ese usuario era “denigrarlos como personas, acusándolos de explotadores de quienes desempeñan su actividad laboral en L. L. Destacan que se insta a las personas a publicar "chismes", que se efectúan serias amenazas contra ellos y contra el Sr. D. M., encargado de personal de la librería mencionada”.

En sus fundamentos, el juez afirmó que la medida autosatisfactiva “está pensada por la doctrina para peticiones de hecho y no de derecho, es de carácter excepcional, residual y urgente, en tanto refiere a supuestos de escasa complejidad fáctica y jurídica que agoten su cometido solamente con su dictado”.

Para continuar brindado un marco de la situación, el magistrado aseveró que “no puede soslayarse que sus cultores conciben a la medida autosatisfactiva como un requerimiento autónomo, que no es provisorio ni accesorio, no siendo necesaria la iniciación de una acción principal pues en tal caso la vía elegida no sería idónea”.

Por este motivo, el titular del Juzgado remarcó que “la petición formulada por el actor encuadra en los parámetros del remedio procesal mencionado en tanto reúne tales requisitos, dado que pretende que se intime a Facebook SRL. a retirar los datos referentes a la persona de los actores y los relativos a su actividad laboral y la de la empresa que administran, agotándose su pretensión con el despacho favorable de la misma”.

En estos términos, el juez entendió que “no hay duda que el derecho al honor es uno de los principales bienes espirituales que el hombre siente, valora y sublima colocándolo dentro de sus más preciadas dotes. Es una cualidad moral del ánimo, que puede ser herida, sufrir menoscabo, y que suele ser defendida con el mismo ahínco, con la misma fuerza de quien se afana entre la vida y la muerte.

En este orden, el magistrado agregó que “el honor es un bien personalísimo, innato del hombre, nace con él, puesto que lo lleva formando parte elemental de su naturaleza. Es imposible desconocerlo a partir de que se es persona y hasta que se deja de serlo. Honor tiene el nasciturus, el menor impúber y el adulto, el loco, el delincuente y la ramera. No ha de considerarse entonces, como una manifestación prescindible que en algún momento pueda desaparecer, o que sólo dependa de una alta posición, de la procedencia y el ancestro, de una conducta intachable, ni que esté supeditada a la opinión ajena o a la calificación de los demás”.

El titular del Juzgado también manifestó que “de la publicación mencionada se desprende una afectación del Derecho a la Intimidad que comprende el derecho de controlar la información relativa a ciertos aspectos de la vida entre ellos, los datos verídicos pero reservados al conocimiento del sujeto o de un grupo reducido de ellos, cuya divulgación o conocimiento por otros apareja algún daño”.

“En virtud de tal derecho, el sujeto tiene la potestad de oponerse a toda investigación de su vida privada por terceros y a la divulgación de datos que, por su naturaleza, estén destinados a ser preservados de la curiosidad pública. Así, quedan comprendidos en el ámbito del derecho a la intimidad aspectos relacionados con la vida familiar, afectiva o íntima”, concluyó.

Fuente: Diario Judicial

Otro año movidito para la CIDH

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos tuvo un 2012 de sucesos importantes: defendió a ultranza el Sistema de DDHH presentó diversos informes y hasta llevó a cabo un caso a la Corte IDH contra Argentina. Un resumen de sus actividades durante el año pasado.

Los informes y posicionamientos acerca de las situaciones de vulnerabilidad en todo el continente estuvieron a la hora del día en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos durante el año pasado (CIDH). Sucedieron distintos hechos de gran relevancia, por lo que resulta difícil empezar por algún punto en particular.

Uno de los momentos más difíciles fue cuando el organismo enfrentó la posible desaparición del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, una situación en la que asociaciones y organizaciones de toda América salieron a respaldar el trabajo llevado a cabo por la CIDH en este sentido.

“La historia americana reciente demuestra que el SIDH representa una gran conquista democrática que compromete a los Estados y gobiernos del continente y que contribuye a preservar la dignidad humana, a fomentar la pluralidad, a defender los derechos fundamentales y fortalecer la democracia”, precisaba una declaración de prestigiosos luchadores por los Derechos Humanos.

Adolfo Pérez Esquivel, el premio Nobel de la Paz argentino; León Carlos Arslanián, abogado, ex juez integrante del Tribunal que llevó adelante el juicio a las Juntas Militares en nuestro país; Sylvia Steiner, ex jueza Federal de Brasil y actual integrante de la Corte Penal Internacional; Belisario dos Santos Júnior, abogado brasileño y miembro de la Comisión Internacional de Juristas; Jose Henrique Torres, Presidente de la Asociación de Jueces para la Democracia, también brasileño, son algunos de los firmantes de la solicitada.

Todo surgió a raíz de una discusión en la Organización de los Estados Americanos (OEA) donde se planteó la renuncia al sistema.

Por este motivo, los firmantes pidieron “que el debate iniciado en la OEA sea transparente, democrático y participativo, de cara a la sociedad y los pueblos del continente; que se considere especialmente la voz y experiencia de las víctimas a quienes el sistema está obligado a proteger y quienes deben beneficiarse de su fortalecimiento; Que el debate esté dirigido a que el SIDH sea un mecanismo fuerte y eficaz de promoción y protección de derechos fundamentales que contribuya a la protección y la dignidad de quienes habitan este continente”.

Al mismo tiempo, hubo casos relevantes que involucraron a nuestro país. En primer lugar, la presentación realizada ante la Corte IDH en los autos “Furlan vs. Argentina”, donde se juzgaba la falta cometida contra la familia de un chico que, en 1988, sufrió un accidente en un campo de la Fuerza Aérea y cuya indemnización y fallo final tardaron más de 13 años en llegar.

En concreto, la CIDH imputó a nuestro país la “falta de respuesta oportuna por parte de las autoridades judiciales argentinas, quienes habrían incurrido en una demora excesiva en la resolución de una acción civil contra el Estado, de cuya respuesta dependía el tratamiento médico de la presunta víctima, en su condición de niño con discapacidad”. La presentación se correspondió con el inicio del período 96 de sesiones del organismo.

Pero otra situación puesta de relieve en torno a nuestro país tuvo que ver con el Sistema Penitenciario y un informe que dejó un saldo muy negativo. Los datos recolectados por la CIDH dejaron entrever algo que se sabe a gritos, que es la pésima situación que atraviesan las personas privadas de su libertad.

En este sentido, se presentó una medida cautelar solicitando al Estado argentino que tome las medidas necesarias de forma urgente para modificar la situación. El proceso fue seguido de cerca en nuestro país por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), entre otros.

Desde esas organizaciones, denunciaron que “en marzo de 2011 se denunció que las autoridades de la Unidad 48 sacaban del penal a los detenidos para delinquir. Desde esa fecha hasta marzo de 2012 se registraron al menos 18 heridos. En las tres unidades, desde octubre de 2011 se produjeron dos homicidios –uno de ellos, Patricio Barros Cisneros, fue asesinado a golpes por los penitenciarios frente al resto de los internos y su esposa- y cinco heridos de suma gravedad -uno de los cuales perdió un ojo y otro quedó cuadripléjico-”.

El caso apuntó a las cárceles bonaerenses en general y no a todo el territorio nacional, pero existía competencia del Estado para los reclamos que llevó a cabo la CIDH.

Otro de los debates fundamentales giró en torno a los derechos de los pueblos originarios en el continente, para lo cual, la Comisión realizó un llamado para velar por “el respeto y garantía de los derechos humanos de los pueblos indígenas”, "la protección de las tierras que han ocupado históricamente” y el “derecho a la consulta previa, libre e informada”.

En un comunicado, los integrantes del organismo destacaron que “la protección del derecho a la propiedad de los pueblos indígenas sobre sus territorios ancestrales es un asunto de especial importancia para la CIDH. Esto se debe a que el goce efectivo de este derecho implica no sólo la protección de una unidad económica sino de los derechos humanos de una colectividad que basa su desarrollo económico, social y cultural en la relación con la tierra”.

En este sentido, también señalaron que “el goce efectivo del derecho a la propiedad comunal de los pueblos indígenas y tribales sobre las tierras que han usado y ocupado tradicionalmente, resulta fundamental que los Estados garanticen el derecho de los pueblos indígenas y tribales a la consulta previa, libre e informada con respecto a las medidas administrativas o legislativas susceptibles de afectarlos, implementada de acuerdo a sus costumbres y tradiciones”.

Fuente: Diario Judicial

Cárcel adulta sólo apta mayores de 21

La Justicia cordobesa rechazó una acción colectiva innominada del Defensor de Niños y determinó que los jóvenes de entre 18 y 21 años años privados de su libertad no pueden ser trasladados a cárceles de adultos. “Siguen manteniendo la categoría jurídica de menores delincuentes para la Justicia Penal Juvenil”, indicó la jueza Nora Giraudo.

El Juzgado en lo Penal Juvenil de 7ma Nominación de Córdoba rechazó la acción colectiva innominada promovida por Héctor David –Defensor provincial de Niños Niñas y Adolescentes-, destinada a que los menores detenidos que cumplieran 18 años de edad fueran trasladados a establecimientos para adultos. La acción había sido planteada con el supuesto fin de evitar presuntas situaciones de violencia verbal, física o psíquica que podrían causar los detenidos de 18 años a los que aún no alcanzaron esa edad.

La titular del Tribunal, Nora Giraudo, afirmó que “una interpretación armónica con los estándares internacionales de derechos humanos que deben ser observados” lleva a sostener que “aún cumpliendo los 18 años, siguen manteniendo la categoría jurídica de menores delincuentes para la Justicia Penal Juvenil aquellos que, habiendo cometido un delito antes de esa edad, pueden ser castigados por un delito en forma diferente a un adulto, se encuentren procesados o hayan sido declarados responsables de su comisión”.

Además, la jueza emplazó a la Secretaría de la Niñez, Adolescencia y Familia –organismo dependiente del Poder Ejecutivo cordobés- a que “garantice el alojamiento de los jóvenes de hasta 21 años”, si ello “coincide con el interés superior del niño”, en centros especiales y no para adultos. También, se impuso la obligación de que “en el término de seis meses” el Ejecutivo reglamente el funcionamiento de “centros socioeducativos”.

Tales centros socioeducativos deben asegurar “la cabal protección de la salud física y mental de los menores, calidad alimentaria, indumentaria y de higiene, implementación de talleres formativos y de capacitación laboral y actividad deportiva, que deberán mantenerse aún en períodos de receso escolar”, precisó Nora Giraudo.

“Haciendo el correspondiente parangón pro homine” cabe deducir que “en la medida que el comportamiento sea regular en cuanto a la observancia de la reglamentación interna y su concepto sea bueno, nada obsta que jóvenes mayores de dieciocho años hasta veintiún años, permanezcan en las mismas instituciones en que hubiera menores de esa edad”, indicó la jueza.

De manera puntual, la magistrada cordobesa analizó el cambio en la mayoría de edad dispuesto por la Ley 26.579, sancionada en enero de 2010, aunque consideró que la Ley 22.278 (Régimen Penal de la Minoridad), de aplicación específica al tema planteado en el caso, tiene como finalidad principal la no punición de los menores.

La jueza aseveró que los jóvenes que cumplan 18 años estando detenidos no pueden ser trasladados a una cárcel para adultos, ya que tales establecimientos no poseen los programas, talleres y alternativas necesarias para asegurar a la persona un tratamiento socioeducativo adecuado para su resocialización.

Nora Giraudo también remarcó que “se ha mantenido el alojamiento de jóvenes mayores de 18 años en institutos a cargo de la SENAF, por disposición de todos los tribunales de capital e interior, sin que dicho organismo haya advertido sobre dificultades materiales o personales que causaren perjuicio a los menores de 18 años”.

Además, la titular del Juzgado en lo Penal Juvenil hizo hincapié en la “naturaleza transitoria de la delincuencia juvenil y la particular vulnerabilidad de los niños que entran en contacto con el sistema de Justicia Penal”.

Se debe buscar “el modo de garantizar el interés superior de todos los niños y adolescentes comprendidos por el Régimen Penal de la Minoridad, y que su tratamiento multidisciplinario y tutelar lo sea de conformidad con los estándares legales mínimos, nacionales e internacionales, a fin de preservar la integridad y garantizar las condiciones dignas de detención que contemplen su especial situación de vulnerabilidad”, puntualizó Giraudo.

A su vez, la magistrada manifestó que el Poder Ejecutivo debía “diagramar oportunamente los recursos y las políticas institucionales para una mejor adecuación a los preceptos constitucionales relativos al tratamiento de los jóvenes privados de la libertad”, ya que el incumplimiento de los estándares nacionales e internacionales vigentes en la materia “podría llegar a configurar una omisión inconstitucional”.

En consecuencia, el Juzgado en lo Penal Juvenil de Córdoba decidió rechazar la acción colectiva entablada por el Defensor provincial de Niños, Niñas y Adolescentes, y emplazó al organismo administrativo correspondiente a adoptar las medidas necesarias para garantizar el alojamiento de los jóvenes de entre 18 y 21 años detenidos en establecimientos socioeducativos.

Fuente: Diario Judicial

La 'democratización' arranca con el juicio por jurados

La Cámara Baja bonaerense aprobó el proyecto de ley que establece el juicio por jurados en el ámbito provincial. Se la considera una “deuda constitucional” por haber sido un instituto contemplado en la última reforma. Qué dice el proyecto y qué opinaron a Diario Judicial el camarista en lo Penal Económico, Edmundo Hendler, el secretario de COLPROBA, Fernando Levene, y el diputado provincial del FpV, Iván Budassi.  

Los jueces muchas veces son criticados por sus sentencias. En un caso reciente y de gran repercusión, la sentencia por el caso que investigó el secuestro y desaparición de Marita Verón provocó un gran rechazo de parte de múltiples sectores, tanto políticos como de la sociedad civil, hacia la decisión de los magistrados. Las críticas, si bien tuvieron diferentes matices, apuntaron a los jueces.

¿Qué tiene que ver esta situación con la aprobación del proyecto de Ley que establece el juicio por jurados en la provincia de Buenos Aires? Diario Judicial consultó a gente que formó parte de la discusión en torno a la iniciativa y las respuestas fueron variadas, pero todos tomaron como ejemplo el caso para posicionarse tanto a favor como en contra.

Pero, en primer lugar, vale aclarar algunos lineamientos generales de la propuesta aprobada por la Cámara Baja bonaerense: el jurado estará compuesto por 12 ciudadanos que serán elegidos por sorteo desde el padrón electoral. Al mismo tiempo, recibirán instrucciones de un juez que les explicará el encuadre jurídico que tengan los casos en particular. En base a eso, y al debate, deberán tomar una decisión.

Este sistema es aplicado a nivel mundial en países como Estados Unidos, España, y recientemente Corea, por nombrar solo algunos. En la provincia de Córdoba también es utilizado y su inserción fue rápidamente aceptada por la ciudadanía.

Quedarán excluidos de la participación en estos tribunales “quienes se desempeñen en cargos públicos en los Poderes Ejecutivo y Legislativo o en los entes públicos descentralizados y quienes ejerzan la magistratura u otras funciones en el Poder Judicial o el Ministerio Público; los integrantes de las fuerzas de seguridad, defensa y/o del Servicio Penitenciario; los abogados, escribanos y procuradores; (...) y los condenados por delito doloso mientras no hubiera transcurrido el plazo del artículo 51 del Código Penal".

Pero retomando el eje del caso de Marita Verón, el integrante de la Sala A de la Cámara Nacional en lo Penal Económico, Edmundo Hendler, y especialista en la materia, aseguró que no puede considerar que el juicio por jurados sea un retroceso en materia judicial debido a que la experiencia “en nuestro país dejó bien en claro el avance que esto supone. Nadie le puede pedir a los cordobeses que dejen de utilizar el sistema, lo cuidan con recelo porque es una herramienta muy útil”.

En relación al caso de Marita Verón, el juez explicó que no está del todo familiarizado con la causa, pero que es evidente que en situaciones como esta, la “participación de la ciudadanía es lo que da legitimidad a una decisión judicial de esta magnitud, en casos que conmueven particularmente a la sociedad. El jurado sirve muy bien para resolver casos de trascendencia, y en estos términos sus integrantes, de todos los estratos, resultan actores fundamentales en este sentido”.

El magistrado resaltó que “además de todo esto, en definitiva es lo que reclama la Constitución, de una vez por todas hay que llevar adelante su implementación. El pretexto de que pueden existir complicaciones por la falta de entendimiento del mundo del Derecho de parte de la sociedad civil ya no puede ser utilizado de acorde a las evidencias. En Córdoba, de la noche a la mañana, se comenzó a utilizar y tuvo un éxito instantáneo”.

“Al principio aparecieron estas mismas objeciones, los medios cordobeses eran desconfiados en un primer momento. Pero rápidamente se dieron cuenta que el sistema funcionaba perfectamente y no hubo más cuestionamientos”, relató Hendler.

Por último, el camarista contó que tuvo la oportunidad de “hacer algunas observaciones con los proyectos que andaban circulando. Muchas fueron recogidas en el despacho final de la comisión. No sé cómo se aprobó finalmente, pero por lo que conozco es un buen proyecto, que cuenta con muchas observaciones hechas por muchos estudiosos. Creo que es un proyecto muy bien estructurado en líneas generales, y es un buen momento para sancionarlo”.

En una posición que se diferencia en, quizás, puntos esenciales, el secretario del Colegio de Abogados de la Provincia de Buenos Aires (COLPROBA), Fernando Levene, señaló en primer lugar que “desde la institución venimos acompañando la reglamentación del juicio por jurados, que es una deuda de la Constitución de 1994”.

Sin embargo, el letrado remarcó: “De todas formas, creemos que habría que seguir trabajando en cómo estará compuesto el jurado y el tipo de proceso, porque necesitaríamos toda una preparación que no sabemos si existe hoy en la sociedad”.

“Creemos que una discusión que hay que dar es de qué manera los jurados pueden intervenir correctamente. Nosotros estamos de acuerdo con el hecho de que el imputado pueda elegir si es juzgado por un jurado o un juez regular, pero hay cuestiones como el hecho de si estos tribunales deben estar compuestos de manera mixta o personas que pertenezcan solo al lugar donde se cometió el ilícito”, expresó Levene.

Con estas aclaraciones, brindó su ejemplo en torno al caso de Marita Verón, utilizando una base de razonamiento similar a la de Hendler pero cuya conclusión es enteramente distinta: “La gente salió a repudiar de manera generalizada un fallo del cual todavía no conoce los fundamentos. Hay que saber valorar la prueba, no creemos que toda la sociedad esté lista para llevar a cabo este ejercicio”.

“Desde el Colegio consideramos que tiene que existir una mixtura en el jurado, y que las pruebas sean valoradas por gente de Derecho. Sino, la condena social puede llegar a ganar en todos los casos”, aseveró Levene.

Finalmente, y en representación del Poder Legislativo, Iván Budassi (FpV), opinó que “el caso Marita Verón nos conmueve a todos; quienes somos abogados, incluso, y tenemos profundo respeto por la administración de justicia, y vemos un fallo como este, y las lógicas reacciones que provocó, nos hace pensar que estas consecuencias sociales no se hubieran producido si un jurado popular dictaba el fallo”.

“No hablamos en abstracto. Hubo casos conmocionantes en Córdoba, por ejemplo, en los que la sociedad y la prensa prácticamente ya habían dictado condena al acusado. Pero hubo un jurado que lo absolvió y, lejos de reaccionar mal, el pueblo entendió que quien había tomado esa decisión eran ellos mismos; con responsabilidad, y sin influencia de vínculos políticos o de otra índole”, explicó Budassi.

El diputado bonaerense concluyó que “a gente sabe que quienes participan del jurado, a diferencia de los jueces, no están esperando ascender profesionalmente, ni ponen en juego sus intereses políticos como se cree que a veces sucede con los jueces. Este sistema, además, permitirá, que la gente común entienda que está pasando durante el juicio, por qué se condenó o porqué se absolvió a un imputado, algo que no sucede durante los juicios con jueces profesionales”.

 

Fuente: Diario Judicial

Las denuncias anónimas cotizan alto

La Cámara Federal avaló las denuncias anónimas en una causa en la que se investiga la venta de drogas en un inmueble de Capital Federal. Los jueces sostuvieron que “aún cuando existen diversas opiniones acerca de la validez formal de las denuncias anónimas para la generalidad de los casos penales”, este debate “no alcanza a los hechos asociados con el narcotráfico”.

La sala II de la Cámara Federal, con las firmas de Horacio Rolando Cattani, Martín Irurzun y Eduardo Farah, confirmó el procesamiento y embargo de bienes de cuatro imputados por el delito de comercialización de estupefacientes.

Se trata de una causa (“Posado Volpe, Raúl Alberto s/procesamiento y embargo”) en la que se procesó sin prisión preventiva, y los embargaron sus bienes, a cuatro personas por el delito de comercialización de estupefacientes y a uno de ellos por “haberse desempeñado como financista y organizador de la actividad destinada al comercio de estupefacientes”.

La defensa de los imputados argumentó que “los elementos colectados en forma alguna permiten acreditar la tenencia de estupefacientes con fines de comercialización” sino que se trata de “consumidores de ese tipo de sustancias”. Al mismo tiempo la defensa de los procesados indicó que “la denuncia “anónima” no satisface el rigor formal para poner en funcionamiento la acción pública, resultando nula al no haber sido ratificada por el operador que la recibió”.

Los camaristas, por su parte, sostuvieron que “en lo que atañe al inicio de las actuaciones en virtud de una denuncia telefónica de carácter anónimo” la jurisprudencia del tribunal sostiene que “...aún cuando existen diversas opiniones acerca de la validez formal de las denuncias anónimas para la generalidad de los casos penales..., aquél debate no alcanza a los hechos asociados con el narcotráfico”.

Ya que “hay coincidencia en que corresponde interpretar ampliamente la previsión expresa del art. 34 bis de la ley 23.737 a efectos de procurar una investigación eficaz, dadas las características de estos delitos y los compromisos asumidos por el Estado Argentino”, consignan en el fallo.

En el procesamiento de los acusados también se consignó el agravante por “la intervención de tres o más personas en forma organizada” donde los jueces sostuvieron que, precisamente por ello, “su imposición deviene acertada”.

“Esta sala ha afirmado que dados los diferentes roles que pueden llegar a cumplir los involucrados en casos como el que nos ocupa, a efectos de responsabilizarlos por sus respectivas participaciones no es indispensable que se los individualice ejecutando personalmente un acto de comercio o incluso con droga en su poder -extremo que sí sucedió en el presente- pues ellos pueden ejercer diversas actividades, todas ellas fundamentales para la concreción de las operaciones”, concluyeron los camaristas.

Fuente: Diario Judicial

Teoría y práctica del falso testimonio

La Cámara del Crimen revocó el procesamiento por falso testimonio de una persona. La falsa denuncia, explicaron los jueces, “contempla sólo el caso de quien pone en conocimiento de la autoridad la existencia de un delito pero sin realizar un aporte que pueda ser tenido como prueba o, en caso de así hacerlo, no se hace bajo juramento”.

La sala V de la Cámara del Crimen, con las firmas de Rodolfo Pociello Argerich y María Laura Garrigós de Rébori, revocó un fallo de primera instancia y ordenó el sobreseimiento de una persona por falso testimonio agravado por haberse cometido en causa criminal en perjuicio de persona imputada.

Los jueces sostuvieron que “a diferencia de la conclusión a la que arribó la magistrada de la instancia anterior, entendemos que el cuadro probatorio reunido no permite acreditar la materialidad del hecho en estudio”.

Los magistrados explicaron que “no puede soslayarse el vínculo existente entre el querellante y las personas que prestaron testimonio en sede contravencional que sustentaron su versión de los hechos, de modo que sus dichos - puntualmente, acerca de la ausencia de M. en el lugar del hecho- deben ser considerados con las precauciones del caso”.

Con relación a “las imprecisiones entre los relatos de ambos imputados”, los camaristas señalan que “desde la óptica del bien jurídico administración pública, la infracción al artículo 275 del Código Penal debe apreciarse por la divergencia entre lo dicho u omitido y lo realmente conocido por el imputado”.

Por lo que “tales imprecisiones pudieron deberse al transcurso del tiempo entre el hecho y su testimonio o, a su vez, ésta pudo haber declarado en ese sentido en la creencia de que el evento se desarrolló tal como lo manifestó, todo lo cual impone resolver la situación en su favor en aplicación del beneficio de la duda plasmado en el art. 3 CPPN”, consignaron en el fallo.

Por otro lado, precisaron que a diferencia de lo expuesto por la magistrada de primera instancia “la parte querellante puede ser sujeto activo del delito previsto en el artículo 275 del Código Penal”, pues en este sentido, “si bien este punto se halla discutido tanto en doctrina como en jurisprudencia, son de la opinión que el denunciante puede ser responsable del delito de falso testimonio si al ratificar sus dichos bajo juramento refiere haber percibido por sus sentidos algún extremo que pueda ser considerado como prueba”, consignaron.

“La falsa denuncia contempla sólo el caso de quien pone en conocimiento de la autoridad correspondiente la existencia de un delito pero sin realizar un aporte que pueda ser tenido como prueba o, en caso de así hacerlo, no se hace bajo juramento” explicaron y agregaron que “el hecho de que se jure decir la verdad, conduce a evaluar al testigo en los términos del artículo 275 del Código Penal, circunstancia que ocurre en el supuesto en estudio conforme surge de la lectura de las copias de sus declaraciones en el expediente contravencional”, explicaron en el fallo.

Asimismo, además de descartar la hipótesis de un falso testimonio por parte de la imputada confirmaron la desvinculación del otro imputado en virtud de que “no puede hablarse de instigación de una conducta que no encuadra en un tipo penal, por lo que confirman el sobreseimiento y disponen también el sobreseimiento del otro”.

Fuente:  Diario Judicial

Ojo por ojo a las firmas falsas que presentan los abogados

La Cámara del Crimen revocó, por mayoría, el sobreseimiento de un abogado de parte que presentó en la Justicia Civil dos escritos cuya firma de la patrocinada por este era falsa. “En la medida en que la falsificación se encuentra acreditada (...) El devenir de la investigación impide, al menos de momento, la desvinculación procesal del causante”, indicó el fallo.

La sala VII de la Cámara del Crimen, con las firmas de Mauro Divito, Juan Esteban Cicciaro y Rodolfo Pociello Argerich, revocó por mayoría el sobreseimiento de un abogado que presentó dos escritos ante la Justicia Civil cuyas firmas, tal y como consignaron los peritos, eran falsas.

Se trata de la causa “Z., J. s/sobreseimiento-falsificación de documento” en donde el imputado se desempeñaba como letrado de parte en el marco de la causa civil “G., M. S. c/ C., D. F. s/ liquidación de la sociedad conyugal” y en ese contexto presentó dos escritos firmados donde la firma de su patrocinada era dudosa.

Esta “posible falsedad fue posteriormente denunciada por el demandado” y, en sede penal, la mujer patrocinada ratificó “el contenido de las dos piezas cuestionadas; que reconocía como propias ambas signaturas y que, incluso, recordaba haber concurrido al estudio de su letrado a fin de suscribir ambas presentaciones”, consignó la causa.

En primera instancia se sobreseyó al abogado más allá de que “la experticia caligráfica llevada a cabo en esta causa permitió determinar que ninguna de las firmas cuestionadas corresponde al patrimonio escritural de la declarante”.

Por su parte la sala, por mayoría conformada por Cicciaro y Pociello Argerich, revocó el sobreseimiento dictado ya que “en la medida en que la falsificación se encuentra acreditada, se comparte la postura sostenida por la acusación particular, pues el devenir de la investigación impide, al menos de momento, la desvinculación procesal del causante”.

“Cuando la ley penal reprime la creación de un documento falso o la adulteración de uno verdadero, no requiere la efectiva producción de un daño, sino que tan sólo reclama el peligro presunto que pueda resultar de ella, dado que tal acto tiene como destino su utilización , que además de lesionar la fe pública considerada en abstracto, lleva insita la posibilidad de perjuicio de cualquier bien jurídicamente tutelado, que no necesariamente ha de ser de índole patrimonial”, consignó el fallo.

Asimismo, agregaron los magistrados, “en los supuestos de falsificación de firmas en escritos judiciales, el perjuicio se mide en cada caso y en el contexto del expediente respectivo, y por ello asume con Creus la posición doctrinaria que cuestiona la postura jurisprudencial denominada de la “igualdad de las consecuencias” que sostiene que no hay perjuicio si la consecuencia procesal del escrito que lleva la firma falsificada (del mandante, del abogado mandatario o del abogado patrocinante), es la misma que hubiese correspondido al escrito presentado con la firma auténtica”.

El voto en minoría sostenido por Divito sostuvo que en casos como el que tratan, “la posibilidad de perjuicio a que alude el art. 292 del Código Penal sólo debe ser evaluada en relación con quien sufrió la falsificación de su firma, que en este caso es la parte actora y, como ella avaló la actuación de su letrado, claramente dirigida a beneficiar los intereses de la misma, la conducta investigada deviene atípica, sin perjuicio de las sanciones procesales que pudieran adoptarse en orden a la validez de los actos allí cumplidos”.

Fuente:  Diario Judicial