La Cámara Baja bonaerense aprobó el proyecto de ley que establece
el juicio por jurados en el ámbito provincial. Se la considera una
“deuda constitucional” por haber sido un instituto contemplado en la
última reforma. Qué dice el proyecto y qué opinaron a Diario Judicial el
camarista en lo Penal Económico, Edmundo Hendler, el secretario de
COLPROBA, Fernando Levene, y el diputado provincial del FpV, Iván
Budassi.
Los jueces muchas veces son criticados por sus sentencias. En un
caso reciente y de gran repercusión, la sentencia por el caso que
investigó el secuestro y desaparición de Marita Verón provocó un gran
rechazo de parte de múltiples sectores, tanto políticos como de la
sociedad civil, hacia la decisión de los magistrados. Las críticas, si
bien tuvieron diferentes matices, apuntaron a los jueces.
¿Qué tiene que ver esta situación con la aprobación del proyecto de Ley que establece el juicio por jurados en la provincia de Buenos Aires? Diario Judicial consultó a gente que formó parte de la discusión en torno a la iniciativa y las respuestas fueron variadas, pero todos tomaron como ejemplo el caso para posicionarse tanto a favor como en contra.
Pero, en primer lugar, vale aclarar algunos lineamientos generales de la propuesta aprobada por la Cámara Baja bonaerense: el jurado estará compuesto por 12 ciudadanos que serán elegidos por sorteo desde el padrón electoral. Al mismo tiempo, recibirán instrucciones de un juez que les explicará el encuadre jurídico que tengan los casos en particular. En base a eso, y al debate, deberán tomar una decisión.
Este sistema es aplicado a nivel mundial en países como Estados Unidos, España, y recientemente Corea, por nombrar solo algunos. En la provincia de Córdoba también es utilizado y su inserción fue rápidamente aceptada por la ciudadanía.
Quedarán excluidos de la participación en estos tribunales “quienes se desempeñen en cargos públicos en los Poderes Ejecutivo y Legislativo o en los entes públicos descentralizados y quienes ejerzan la magistratura u otras funciones en el Poder Judicial o el Ministerio Público; los integrantes de las fuerzas de seguridad, defensa y/o del Servicio Penitenciario; los abogados, escribanos y procuradores; (...) y los condenados por delito doloso mientras no hubiera transcurrido el plazo del artículo 51 del Código Penal".
Pero retomando el eje del caso de Marita Verón, el integrante de la Sala A de la Cámara Nacional en lo Penal Económico, Edmundo Hendler, y especialista en la materia, aseguró que no puede considerar que el juicio por jurados sea un retroceso en materia judicial debido a que la experiencia “en nuestro país dejó bien en claro el avance que esto supone. Nadie le puede pedir a los cordobeses que dejen de utilizar el sistema, lo cuidan con recelo porque es una herramienta muy útil”.
En relación al caso de Marita Verón, el juez explicó que no está del todo familiarizado con la causa, pero que es evidente que en situaciones como esta, la “participación de la ciudadanía es lo que da legitimidad a una decisión judicial de esta magnitud, en casos que conmueven particularmente a la sociedad. El jurado sirve muy bien para resolver casos de trascendencia, y en estos términos sus integrantes, de todos los estratos, resultan actores fundamentales en este sentido”.
El magistrado resaltó que “además de todo esto, en definitiva es lo que reclama la Constitución, de una vez por todas hay que llevar adelante su implementación. El pretexto de que pueden existir complicaciones por la falta de entendimiento del mundo del Derecho de parte de la sociedad civil ya no puede ser utilizado de acorde a las evidencias. En Córdoba, de la noche a la mañana, se comenzó a utilizar y tuvo un éxito instantáneo”.
“Al principio aparecieron estas mismas objeciones, los medios cordobeses eran desconfiados en un primer momento. Pero rápidamente se dieron cuenta que el sistema funcionaba perfectamente y no hubo más cuestionamientos”, relató Hendler.
Por último, el camarista contó que tuvo la oportunidad de “hacer algunas observaciones con los proyectos que andaban circulando. Muchas fueron recogidas en el despacho final de la comisión. No sé cómo se aprobó finalmente, pero por lo que conozco es un buen proyecto, que cuenta con muchas observaciones hechas por muchos estudiosos. Creo que es un proyecto muy bien estructurado en líneas generales, y es un buen momento para sancionarlo”.
En una posición que se diferencia en, quizás, puntos esenciales, el secretario del Colegio de Abogados de la Provincia de Buenos Aires (COLPROBA), Fernando Levene, señaló en primer lugar que “desde la institución venimos acompañando la reglamentación del juicio por jurados, que es una deuda de la Constitución de 1994”.
Sin embargo, el letrado remarcó: “De todas formas, creemos que habría que seguir trabajando en cómo estará compuesto el jurado y el tipo de proceso, porque necesitaríamos toda una preparación que no sabemos si existe hoy en la sociedad”.
“Creemos que una discusión que hay que dar es de qué manera los jurados pueden intervenir correctamente. Nosotros estamos de acuerdo con el hecho de que el imputado pueda elegir si es juzgado por un jurado o un juez regular, pero hay cuestiones como el hecho de si estos tribunales deben estar compuestos de manera mixta o personas que pertenezcan solo al lugar donde se cometió el ilícito”, expresó Levene.
Con estas aclaraciones, brindó su ejemplo en torno al caso de Marita Verón, utilizando una base de razonamiento similar a la de Hendler pero cuya conclusión es enteramente distinta: “La gente salió a repudiar de manera generalizada un fallo del cual todavía no conoce los fundamentos. Hay que saber valorar la prueba, no creemos que toda la sociedad esté lista para llevar a cabo este ejercicio”.
“Desde el Colegio consideramos que tiene que existir una mixtura en el jurado, y que las pruebas sean valoradas por gente de Derecho. Sino, la condena social puede llegar a ganar en todos los casos”, aseveró Levene.
Finalmente, y en representación del Poder Legislativo, Iván Budassi (FpV), opinó que “el caso Marita Verón nos conmueve a todos; quienes somos abogados, incluso, y tenemos profundo respeto por la administración de justicia, y vemos un fallo como este, y las lógicas reacciones que provocó, nos hace pensar que estas consecuencias sociales no se hubieran producido si un jurado popular dictaba el fallo”.
“No hablamos en abstracto. Hubo casos conmocionantes en Córdoba, por ejemplo, en los que la sociedad y la prensa prácticamente ya habían dictado condena al acusado. Pero hubo un jurado que lo absolvió y, lejos de reaccionar mal, el pueblo entendió que quien había tomado esa decisión eran ellos mismos; con responsabilidad, y sin influencia de vínculos políticos o de otra índole”, explicó Budassi.
El diputado bonaerense concluyó que “a gente sabe que quienes participan del jurado, a diferencia de los jueces, no están esperando ascender profesionalmente, ni ponen en juego sus intereses políticos como se cree que a veces sucede con los jueces. Este sistema, además, permitirá, que la gente común entienda que está pasando durante el juicio, por qué se condenó o porqué se absolvió a un imputado, algo que no sucede durante los juicios con jueces profesionales”.
¿Qué tiene que ver esta situación con la aprobación del proyecto de Ley que establece el juicio por jurados en la provincia de Buenos Aires? Diario Judicial consultó a gente que formó parte de la discusión en torno a la iniciativa y las respuestas fueron variadas, pero todos tomaron como ejemplo el caso para posicionarse tanto a favor como en contra.
Pero, en primer lugar, vale aclarar algunos lineamientos generales de la propuesta aprobada por la Cámara Baja bonaerense: el jurado estará compuesto por 12 ciudadanos que serán elegidos por sorteo desde el padrón electoral. Al mismo tiempo, recibirán instrucciones de un juez que les explicará el encuadre jurídico que tengan los casos en particular. En base a eso, y al debate, deberán tomar una decisión.
Este sistema es aplicado a nivel mundial en países como Estados Unidos, España, y recientemente Corea, por nombrar solo algunos. En la provincia de Córdoba también es utilizado y su inserción fue rápidamente aceptada por la ciudadanía.
Quedarán excluidos de la participación en estos tribunales “quienes se desempeñen en cargos públicos en los Poderes Ejecutivo y Legislativo o en los entes públicos descentralizados y quienes ejerzan la magistratura u otras funciones en el Poder Judicial o el Ministerio Público; los integrantes de las fuerzas de seguridad, defensa y/o del Servicio Penitenciario; los abogados, escribanos y procuradores; (...) y los condenados por delito doloso mientras no hubiera transcurrido el plazo del artículo 51 del Código Penal".
Pero retomando el eje del caso de Marita Verón, el integrante de la Sala A de la Cámara Nacional en lo Penal Económico, Edmundo Hendler, y especialista en la materia, aseguró que no puede considerar que el juicio por jurados sea un retroceso en materia judicial debido a que la experiencia “en nuestro país dejó bien en claro el avance que esto supone. Nadie le puede pedir a los cordobeses que dejen de utilizar el sistema, lo cuidan con recelo porque es una herramienta muy útil”.
En relación al caso de Marita Verón, el juez explicó que no está del todo familiarizado con la causa, pero que es evidente que en situaciones como esta, la “participación de la ciudadanía es lo que da legitimidad a una decisión judicial de esta magnitud, en casos que conmueven particularmente a la sociedad. El jurado sirve muy bien para resolver casos de trascendencia, y en estos términos sus integrantes, de todos los estratos, resultan actores fundamentales en este sentido”.
El magistrado resaltó que “además de todo esto, en definitiva es lo que reclama la Constitución, de una vez por todas hay que llevar adelante su implementación. El pretexto de que pueden existir complicaciones por la falta de entendimiento del mundo del Derecho de parte de la sociedad civil ya no puede ser utilizado de acorde a las evidencias. En Córdoba, de la noche a la mañana, se comenzó a utilizar y tuvo un éxito instantáneo”.
“Al principio aparecieron estas mismas objeciones, los medios cordobeses eran desconfiados en un primer momento. Pero rápidamente se dieron cuenta que el sistema funcionaba perfectamente y no hubo más cuestionamientos”, relató Hendler.
Por último, el camarista contó que tuvo la oportunidad de “hacer algunas observaciones con los proyectos que andaban circulando. Muchas fueron recogidas en el despacho final de la comisión. No sé cómo se aprobó finalmente, pero por lo que conozco es un buen proyecto, que cuenta con muchas observaciones hechas por muchos estudiosos. Creo que es un proyecto muy bien estructurado en líneas generales, y es un buen momento para sancionarlo”.
En una posición que se diferencia en, quizás, puntos esenciales, el secretario del Colegio de Abogados de la Provincia de Buenos Aires (COLPROBA), Fernando Levene, señaló en primer lugar que “desde la institución venimos acompañando la reglamentación del juicio por jurados, que es una deuda de la Constitución de 1994”.
Sin embargo, el letrado remarcó: “De todas formas, creemos que habría que seguir trabajando en cómo estará compuesto el jurado y el tipo de proceso, porque necesitaríamos toda una preparación que no sabemos si existe hoy en la sociedad”.
“Creemos que una discusión que hay que dar es de qué manera los jurados pueden intervenir correctamente. Nosotros estamos de acuerdo con el hecho de que el imputado pueda elegir si es juzgado por un jurado o un juez regular, pero hay cuestiones como el hecho de si estos tribunales deben estar compuestos de manera mixta o personas que pertenezcan solo al lugar donde se cometió el ilícito”, expresó Levene.
Con estas aclaraciones, brindó su ejemplo en torno al caso de Marita Verón, utilizando una base de razonamiento similar a la de Hendler pero cuya conclusión es enteramente distinta: “La gente salió a repudiar de manera generalizada un fallo del cual todavía no conoce los fundamentos. Hay que saber valorar la prueba, no creemos que toda la sociedad esté lista para llevar a cabo este ejercicio”.
“Desde el Colegio consideramos que tiene que existir una mixtura en el jurado, y que las pruebas sean valoradas por gente de Derecho. Sino, la condena social puede llegar a ganar en todos los casos”, aseveró Levene.
Finalmente, y en representación del Poder Legislativo, Iván Budassi (FpV), opinó que “el caso Marita Verón nos conmueve a todos; quienes somos abogados, incluso, y tenemos profundo respeto por la administración de justicia, y vemos un fallo como este, y las lógicas reacciones que provocó, nos hace pensar que estas consecuencias sociales no se hubieran producido si un jurado popular dictaba el fallo”.
“No hablamos en abstracto. Hubo casos conmocionantes en Córdoba, por ejemplo, en los que la sociedad y la prensa prácticamente ya habían dictado condena al acusado. Pero hubo un jurado que lo absolvió y, lejos de reaccionar mal, el pueblo entendió que quien había tomado esa decisión eran ellos mismos; con responsabilidad, y sin influencia de vínculos políticos o de otra índole”, explicó Budassi.
El diputado bonaerense concluyó que “a gente sabe que quienes participan del jurado, a diferencia de los jueces, no están esperando ascender profesionalmente, ni ponen en juego sus intereses políticos como se cree que a veces sucede con los jueces. Este sistema, además, permitirá, que la gente común entienda que está pasando durante el juicio, por qué se condenó o porqué se absolvió a un imputado, algo que no sucede durante los juicios con jueces profesionales”.
Fuente: Diario Judicial
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