La Comisión Interamericana de Derechos Humanos tuvo un 2012 de
sucesos importantes: defendió a ultranza el Sistema de DDHH presentó
diversos informes y hasta llevó a cabo un caso a la Corte IDH contra
Argentina. Un resumen de sus actividades durante el año pasado.
Los informes y posicionamientos acerca de las situaciones de
vulnerabilidad en todo el continente estuvieron a la hora del día en la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos durante el año pasado
(CIDH). Sucedieron distintos hechos de gran relevancia, por lo que
resulta difícil empezar por algún punto en particular.
Uno de los momentos más difíciles fue cuando el organismo enfrentó la posible desaparición del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, una situación en la que asociaciones y organizaciones de toda América salieron a respaldar el trabajo llevado a cabo por la CIDH en este sentido.
“La historia americana reciente demuestra que el SIDH representa una gran conquista democrática que compromete a los Estados y gobiernos del continente y que contribuye a preservar la dignidad humana, a fomentar la pluralidad, a defender los derechos fundamentales y fortalecer la democracia”, precisaba una declaración de prestigiosos luchadores por los Derechos Humanos.
Adolfo Pérez Esquivel, el premio Nobel de la Paz argentino; León Carlos Arslanián, abogado, ex juez integrante del Tribunal que llevó adelante el juicio a las Juntas Militares en nuestro país; Sylvia Steiner, ex jueza Federal de Brasil y actual integrante de la Corte Penal Internacional; Belisario dos Santos Júnior, abogado brasileño y miembro de la Comisión Internacional de Juristas; Jose Henrique Torres, Presidente de la Asociación de Jueces para la Democracia, también brasileño, son algunos de los firmantes de la solicitada.
Todo surgió a raíz de una discusión en la Organización de los Estados Americanos (OEA) donde se planteó la renuncia al sistema.
Por este motivo, los firmantes pidieron “que el debate iniciado en la OEA sea transparente, democrático y participativo, de cara a la sociedad y los pueblos del continente; que se considere especialmente la voz y experiencia de las víctimas a quienes el sistema está obligado a proteger y quienes deben beneficiarse de su fortalecimiento; Que el debate esté dirigido a que el SIDH sea un mecanismo fuerte y eficaz de promoción y protección de derechos fundamentales que contribuya a la protección y la dignidad de quienes habitan este continente”.
Al mismo tiempo, hubo casos relevantes que involucraron a nuestro país. En primer lugar, la presentación realizada ante la Corte IDH en los autos “Furlan vs. Argentina”, donde se juzgaba la falta cometida contra la familia de un chico que, en 1988, sufrió un accidente en un campo de la Fuerza Aérea y cuya indemnización y fallo final tardaron más de 13 años en llegar.
En concreto, la CIDH imputó a nuestro país la “falta de respuesta oportuna por parte de las autoridades judiciales argentinas, quienes habrían incurrido en una demora excesiva en la resolución de una acción civil contra el Estado, de cuya respuesta dependía el tratamiento médico de la presunta víctima, en su condición de niño con discapacidad”. La presentación se correspondió con el inicio del período 96 de sesiones del organismo.
Pero otra situación puesta de relieve en torno a nuestro país tuvo que ver con el Sistema Penitenciario y un informe que dejó un saldo muy negativo. Los datos recolectados por la CIDH dejaron entrever algo que se sabe a gritos, que es la pésima situación que atraviesan las personas privadas de su libertad.
En este sentido, se presentó una medida cautelar solicitando al Estado argentino que tome las medidas necesarias de forma urgente para modificar la situación. El proceso fue seguido de cerca en nuestro país por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), entre otros.
Desde esas organizaciones, denunciaron que “en marzo de 2011 se denunció que las autoridades de la Unidad 48 sacaban del penal a los detenidos para delinquir. Desde esa fecha hasta marzo de 2012 se registraron al menos 18 heridos. En las tres unidades, desde octubre de 2011 se produjeron dos homicidios –uno de ellos, Patricio Barros Cisneros, fue asesinado a golpes por los penitenciarios frente al resto de los internos y su esposa- y cinco heridos de suma gravedad -uno de los cuales perdió un ojo y otro quedó cuadripléjico-”.
El caso apuntó a las cárceles bonaerenses en general y no a todo el territorio nacional, pero existía competencia del Estado para los reclamos que llevó a cabo la CIDH.
Otro de los debates fundamentales giró en torno a los derechos de los pueblos originarios en el continente, para lo cual, la Comisión realizó un llamado para velar por “el respeto y garantía de los derechos humanos de los pueblos indígenas”, "la protección de las tierras que han ocupado históricamente” y el “derecho a la consulta previa, libre e informada”.
En un comunicado, los integrantes del organismo destacaron que “la protección del derecho a la propiedad de los pueblos indígenas sobre sus territorios ancestrales es un asunto de especial importancia para la CIDH. Esto se debe a que el goce efectivo de este derecho implica no sólo la protección de una unidad económica sino de los derechos humanos de una colectividad que basa su desarrollo económico, social y cultural en la relación con la tierra”.
En este sentido, también señalaron que “el goce efectivo del derecho a la propiedad comunal de los pueblos indígenas y tribales sobre las tierras que han usado y ocupado tradicionalmente, resulta fundamental que los Estados garanticen el derecho de los pueblos indígenas y tribales a la consulta previa, libre e informada con respecto a las medidas administrativas o legislativas susceptibles de afectarlos, implementada de acuerdo a sus costumbres y tradiciones”.
Uno de los momentos más difíciles fue cuando el organismo enfrentó la posible desaparición del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, una situación en la que asociaciones y organizaciones de toda América salieron a respaldar el trabajo llevado a cabo por la CIDH en este sentido.
“La historia americana reciente demuestra que el SIDH representa una gran conquista democrática que compromete a los Estados y gobiernos del continente y que contribuye a preservar la dignidad humana, a fomentar la pluralidad, a defender los derechos fundamentales y fortalecer la democracia”, precisaba una declaración de prestigiosos luchadores por los Derechos Humanos.
Adolfo Pérez Esquivel, el premio Nobel de la Paz argentino; León Carlos Arslanián, abogado, ex juez integrante del Tribunal que llevó adelante el juicio a las Juntas Militares en nuestro país; Sylvia Steiner, ex jueza Federal de Brasil y actual integrante de la Corte Penal Internacional; Belisario dos Santos Júnior, abogado brasileño y miembro de la Comisión Internacional de Juristas; Jose Henrique Torres, Presidente de la Asociación de Jueces para la Democracia, también brasileño, son algunos de los firmantes de la solicitada.
Todo surgió a raíz de una discusión en la Organización de los Estados Americanos (OEA) donde se planteó la renuncia al sistema.
Por este motivo, los firmantes pidieron “que el debate iniciado en la OEA sea transparente, democrático y participativo, de cara a la sociedad y los pueblos del continente; que se considere especialmente la voz y experiencia de las víctimas a quienes el sistema está obligado a proteger y quienes deben beneficiarse de su fortalecimiento; Que el debate esté dirigido a que el SIDH sea un mecanismo fuerte y eficaz de promoción y protección de derechos fundamentales que contribuya a la protección y la dignidad de quienes habitan este continente”.
Al mismo tiempo, hubo casos relevantes que involucraron a nuestro país. En primer lugar, la presentación realizada ante la Corte IDH en los autos “Furlan vs. Argentina”, donde se juzgaba la falta cometida contra la familia de un chico que, en 1988, sufrió un accidente en un campo de la Fuerza Aérea y cuya indemnización y fallo final tardaron más de 13 años en llegar.
En concreto, la CIDH imputó a nuestro país la “falta de respuesta oportuna por parte de las autoridades judiciales argentinas, quienes habrían incurrido en una demora excesiva en la resolución de una acción civil contra el Estado, de cuya respuesta dependía el tratamiento médico de la presunta víctima, en su condición de niño con discapacidad”. La presentación se correspondió con el inicio del período 96 de sesiones del organismo.
Pero otra situación puesta de relieve en torno a nuestro país tuvo que ver con el Sistema Penitenciario y un informe que dejó un saldo muy negativo. Los datos recolectados por la CIDH dejaron entrever algo que se sabe a gritos, que es la pésima situación que atraviesan las personas privadas de su libertad.
En este sentido, se presentó una medida cautelar solicitando al Estado argentino que tome las medidas necesarias de forma urgente para modificar la situación. El proceso fue seguido de cerca en nuestro país por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), entre otros.
Desde esas organizaciones, denunciaron que “en marzo de 2011 se denunció que las autoridades de la Unidad 48 sacaban del penal a los detenidos para delinquir. Desde esa fecha hasta marzo de 2012 se registraron al menos 18 heridos. En las tres unidades, desde octubre de 2011 se produjeron dos homicidios –uno de ellos, Patricio Barros Cisneros, fue asesinado a golpes por los penitenciarios frente al resto de los internos y su esposa- y cinco heridos de suma gravedad -uno de los cuales perdió un ojo y otro quedó cuadripléjico-”.
El caso apuntó a las cárceles bonaerenses en general y no a todo el territorio nacional, pero existía competencia del Estado para los reclamos que llevó a cabo la CIDH.
Otro de los debates fundamentales giró en torno a los derechos de los pueblos originarios en el continente, para lo cual, la Comisión realizó un llamado para velar por “el respeto y garantía de los derechos humanos de los pueblos indígenas”, "la protección de las tierras que han ocupado históricamente” y el “derecho a la consulta previa, libre e informada”.
En un comunicado, los integrantes del organismo destacaron que “la protección del derecho a la propiedad de los pueblos indígenas sobre sus territorios ancestrales es un asunto de especial importancia para la CIDH. Esto se debe a que el goce efectivo de este derecho implica no sólo la protección de una unidad económica sino de los derechos humanos de una colectividad que basa su desarrollo económico, social y cultural en la relación con la tierra”.
En este sentido, también señalaron que “el goce efectivo del derecho a la propiedad comunal de los pueblos indígenas y tribales sobre las tierras que han usado y ocupado tradicionalmente, resulta fundamental que los Estados garanticen el derecho de los pueblos indígenas y tribales a la consulta previa, libre e informada con respecto a las medidas administrativas o legislativas susceptibles de afectarlos, implementada de acuerdo a sus costumbres y tradiciones”.
Fuente: Diario Judicial
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