La Corte Suprema tucumana recibió el caso de un abogado tucumano que se presentó ante la Justicia por sus seis intentos frustrados para acceder a un cargo en el Poder Judicial. El letrado realizó la denuncia y apuntó al gobernador Alperovich, alegando que es él quien frustra su ascenso por una investigación que llevó en contra del mandatario cuando trabajaba en la extinta Fiscalía Anticorrupción de esa provincia.
El puesto de fiscal de Instrucción para la IV nominación de San Miguel de Tucumán había sido conseguido por Diego Alejo López Ávila. Pero esa victoria en el plano laboral para el letrado fue puesta en suspensión por la Sala II de la Cámara en lo Contencioso Administrativa de esa provincia por la presentación realizada por un colega suyo.
De eso se trata la historia de Carlos Eduardo López, un abogado que se presentó a seis concursos ante el Consejo Asesor de la Magistratura para distintos cargos en el Poder Judicial pero no ganó ninguno. Según señaló en su denuncia, fue debido al gobernador José Alperovich, ya que cuando trabajaba en la extinta Fiscalía Anticorrupción tucumana llevó adelante una causa contra el mandatario.
Ahora, la polémica se suscitó en torno a que la causa recayó en manos de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán (CSJT) ya que los integrantes de ese órgano solicitaron la vista del expediente a los camaristas.
Por eso, comenzaron las teorías acerca de qué es lo que planea hacer el Máximo Tribunal provincial al respecto, ya que no se hicieron precisiones acerca de si se estaba aplicando el instituto excepcional del “per saltum”. Desde hace varios días el expediente está en manos de la CSJT.
López aseveró que Alperovich estaba en su contra a raíz de que el concurso donde Ávila fue seleccionado terminó con la elección del mandatario. Es que según la orden de mérito establecida por el Consejo Asesor de la Magistratura, el letrado que presentó la denuncia estaba primero en la lista, seguido por su colega.
Fue Alperovich quien, eludiendo estas posiciones, designó a Ávila, debido al proceso de selección establecido en Tucumán.
Fuentes judiciales consignaron que la CSJT podría tomar cartas en el asunto debido a las precisiones del artículo cuatro del Código Procesal Constitucional de Tucumán: "Cuando se trate de actos lesivos que emanen de los poderes Ejecutivo, Legislativo, Cámaras de Apelaciones y Cámaras de instancia única, tiene competencia exclusiva para entender en la petición la Corte Suprema".
Por eso, los integrantes del Máximo Tribunal provincial solicitaron una postura al ministro fiscal de la Corte Provincial, Luis De Mitri, quien brindará su posición sobre la posibilidad de una intervención de la Corte en el caso.
En tanto, el fiscal de Estado, Jorge Posse Ponessa, presentó un escrito ante la Sala II de la Cámara en lo Contencioso Administrativo al considerar que la medida tomada por el tribunal era de “suma gravedad institucional”.
El funcionario expresó que "la cuestión pone en peligro el sistema republicano de gobierno enervando prerrogativas inherentes al Poder Ejecutivo y lesionando la autonomía provincial propia del sistema federal instituido".
Fuente: www.diariojudicial.com
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