Organismos judiciales y de DDHH de toda América Latina lanzaron una fuerte declaración en contra del cierre del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, organismo de la CIDH. Denuncian que desde algunos estados la OEA se intenta "coartar" su trabajo.
Adolfo Pérez Esquivel, el premio Nobel de la Paz argentino; León Carlos Arslanián, abogado, ex juez integrante del Tribunal que llevó adelante el juicio a las Juntas Militares en nuestro país; Sylvia Steiner, ex jueza Federal de Brasil y actual integrante de la Corte Penal Internacional; Belisario dos Santos Júnior, abogado brasileño y miembro de la Comisión Internacional de Juristas; Jose Henrique Torres, Presidente de la Asociación de Jueces para la Democracia, también brasileño.
Esos son algunos de los destacados nombres que firmaron la declaración en contra del cierre del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, el órgano que funciona dentro de la Corte Internacional de Derechos Humanos (CIDH) y que corre el riesgo de dejar de funcionar por la decisión de la Organización de los Estados Americanos (OEA). Según denunciaron, algunos de los miembros del organismo que nuclea a los países del continente quieren que deje de funcionar.
En la declaración, los firmantes y adherentes precisaron que “la historia americana reciente demuestra que el SIDH representa una gran conquista democrática que compromete a los Estados y gobiernos del continente y que contribuye a preservar la dignidad humana, a fomentar la pluralidad, a defender los derechos fundamentales y fortalecer la democracia”.
En este orden de ideas, agregaron, en forma de defensa del Sistema, que “su capacidad de respuesta para proteger víctimas y evitar la impunidad fue demostrada frente a los regímenes militares y dictatoriales en el Cono Sur, ante los conflictos armados en Centroamérica, y durante situaciones de ruptura democrática en algunos países de la región”.
A su vez, consignaron que “los logros del Sistema han sido tangibles: reversión de leyes de amnistía y punto final, abolición en algunos países de prácticas sistemáticas de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, tortura y otros crímenes de lesa humanidad, así como el procesamiento y sanción de algunos de los máximos responsables por estos crímenes”.
Sin embargo “su relevancia para estos temas sigue vigente en el cotidiano de nuestra región, por ejemplo, estableciendo pautas para la jurisdicción militar”.
También destacaron la labor del Sistema en torno a las problemáticas que hoy forman parte de la agenda mediática y que, a su vez, involucran a colectivos y grupos que fueron relegados históricamente, en cuestiones de género, personas refugiadas o desplazadas, migrantes, población carcelaria, entre otros.
Asimismo, destacaron que las condiciones que atraviesa actualmente el continente reafirman la vigencia tanto del Sistema como de la CIDH, precisando en este sentido que de cercenar los alcances de este proceso, muchos de estos avances podrían ser tratados con discreción de parte de los gobiernos de turno que no quieren acatar las disposiciones de un órgano internacional de control de los Derechos Humanos.
Por eso, realizaron una serie de solicitudes: “Que el debate iniciado en la OEA sea transparente, democrático y participativo, de cara a la sociedad y los pueblos del continente; que se considere especialmente la voz y experiencia de las víctimas a quienes el sistema está obligado a proteger y quienes deben beneficiarse de su fortalecimiento; Que el debate esté dirigido a que el SIDH sea un mecanismo fuerte y eficaz de promoción y protección de derechos fundamentales que contribuya a la protección y la dignidad de quienes habitan este continente”.
El documento insistió en que se garantice de hecho y legalmente la independencia y autonomía del SIDH; Que se preserve un sistema fuerte de relatorías temáticas y de países que permita que la CIDH priorice y actúe con determinación; Que se fomente la capacidad de la CIDH de pronunciarse sobre eventos críticos y situaciones violatorias a los derechos políticos, civiles, culturales, económicos y sociales incluidos en el marco normativo de la OEA.”
Fuente: www.diariojudicial.com.ar
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